lunes, 1 de diciembre de 2014

Amazonía libre de depredación, contaminación y precariedad social

Pronunciamiento ciudadano

Quienes suscribimos este manifiesto, habitantes de la Amazonía peruana, preocupados por la crisis ambiental que nos afecta, expresamos lo siguiente:

1.      Denunciamos el nulo respeto del Estado por el ambiente, por los pueblos indígenas y demás habitantes de la Amazonía demostrado al aprobar la ley 30230, ya que, con el pretexto de dinamizar la inversión privada,  debilita los estándares y la institucionalidad ambiental afectando el derecho de las personas a vivir en un ambiente de calidad que asegure nuestra sobrevivencia y bienestar.

2.   Denunciamos la poca vergüenza puesta de manifiesto por el Gobierno al promulgar tales medidas justamente cuando el país es anfitrión de la COP20, lo cual muestra su falta de compromiso  y doble discurso con relación a los temas que se tratarán en ese evento, como son el cambio climático y la contaminación ambiental. 

3.       Rechazamos que, con argumentos falaces, se presente a las industrias extractivas como única manera de lograr el progreso del Perú. Esta mentira es puesta de manifiesto en la información de organismos como el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática y el Programa de las Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros, que deja muy en claro que las zonas más antiguas de actividad minera y petrolera son las más pobres del país.

4.    Rechazamos la complicidad del Estado y de algunos gobiernos regionales en la creciente deforestación de la Amazonía, incluyendo bosques primarios, realizada por empresas agroindustriales para implantar monocultivos de palma aceitera. Esta destrucción de los bosques amazónicos afecta la conservación de la biodiversidad y agrava la dramática inseguridad alimentaria, convirtiendo a nuestra enorme Amazonía en uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero en el planeta,  como consecuencia de la descomposición de la materia orgánica.

5.       Condenamos la inoperancia del Estado en asumir su responsabilidad en la satisfacción del derecho de todas las personas a una vida digna y en solucionar los grandes problemas del país, haciendo que las empresas extractivas se conviertan en instituciones asistencialistas manipulando a la población.

6.       Rechazamos la negativa del Gobierno a cumplir con su promesa de llevar a cabo el Ordenamiento Territorial, que es el instrumento fundamental para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, ya que es la única manera de establecer, con toda claridad, en qué lugares se pueden realizar determinadas actividades y dónde no se deben llevar a cabo.

Por lo expuesto:

1.       Exigimos el cambio del modelo económico por uno sostenible y que el Estado asuma el rol de garantizar la sostenibilidad del progreso humano, respetando la pluralidad cultural de la Nación.

2.       Demandamos al Gobierno que cumpla con el artículo primero  de nuestra Constitución que señala que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Las personas de hoy y las que vendrán después solamente podremos tener una vida digna si nos desenvolvemos  en un ambiente sano y equilibrado.

3.       Exigimos con firmeza que en la cuenca del Nanay se excluya toda actividad de gran impacto, como extracción petrolera, minería aurífera y monocultivos, ya que está de por medio su fragilidad ecológica, su importancia ambiental y económica, así como su calidad de fuente de agua de más de medio millón de habitantes de la ciudad de Iquitos.

4.       Exigimos el endurecimiento de las leyes que regulan las alteraciones ambientales, para que las entidades responsables sean obligadas a reparar inmediatamente los daños ocasionados.
Convocamos a todas las personas, así como a las organizaciones de la sociedad y a las instituciones a EXPRESAR NUESTRA PROTESTA en la “MARCHA POR LA DEFENSA DEL AMBIENTE AMAZÓNICO”, que se iniciará en la Plaza 28 de Julio a las 3 de la tarde del MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE

jueves, 18 de septiembre de 2014

Pronunciamiento ante el asesinato de dirigentes indígenas

El Comité de defensa del Agua, organizaciones y ciudadanos abajo firmantes, nos dirigimos a las autoridades públicas y privadas, teniendo en cuenta lo siguiente:

·         El 01 de septiembre del 2014, el dirigente indígena del pueblo Ashaninka Edwin Chota presidente de la comunidad nativa de Alto Tamaya - Saweto, fundador de la Asociación de Comunidades Nativas Asháninkas de Masisea y Callería (ACONAMAC), en la región Ucayali, fue asesinado junto con otros dirigentes frente a sus parientes y comuneros presentes, por malhechores a sueldo, contratados por “empresarios” madereros informales.
·       Campesinos de Tamshiyacu, del distrito de Fernando Lores, Provincia de Maynas, región Loreto, vienen enfrentándose con el accionar prepotente e delictivo de la empresa Cacao del Perú, la que viene despojándoles de sus tierras y deforestando más de 2 mil hectáreas de bosques primarios. Varios campesinos han sido amenazados por algunos representantes de la empresa, como se evidencia en testimonios y reportajes emitidos por medios de comunicación nacionales y locales.
·     Las organizaciones indígenas de los ríos Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón, denuncian que desde hace más de 40 años se destruyen sus territorios y se contaminan de los ríos, provocando muerte y enfermedades. Como si esto fuera poco, la nueva ronda petrolera amenaza con acelerar el proceso de destrucción de vive nuestra Amazonía.
·         Evidenciamos que el abandono de la función de gobernar con sabiduría y en apego a la ley ha generado verdaderas condiciones para la impunidad y la corrupción que ya ha sido explotado por los criminales de Edwin Chota y sus compañeros dejando abierto el camino para que otros sujetos hagan lo mismo en cualquier parte del país y específicamente en Loreto.
Por lo expuesto.
·    Advertimos a las autoridades del país que estamos cerca de configurar en Loreto, el peor escenario social, donde los dirigentes sociales, los pueblos indígenas y cualquier persona no tendrán ningún amparo ante las mafias mercantilistas establecidas en la Amazonía, y que pululan en los pasillos de las entidades públicas que buscan concesiones ambiciosas para lucros personales sin considerar el desarrollo con criterios de gestión territorial y ambiental sostenible para la región.
·       Exigimos a las autoridades jurisdiccionales de la Región Ucayali, al presidente de la República, Ollanta Humala, la inmediata captura de los responsables materiales e intelectuales de tan execrable crimen.
·     Demandamos a las autoridades de la región Loreto y del país a corregir el marco legal y orientar las acciones al servicio del bien común y del verdadero desarrollo humano.

Por tanto, convocamos a las organizaciones de la sociedad civil y política, colegios profesionales, sindicatos, gremios, etc. a mantenernos vigilantes y participar en forma activa para garantizar la defensa de la paz y el bienestar amazónico.
Iquitos, 18 de septiembre de 2014

Firman adherentes, 

lunes, 9 de junio de 2014

Declaración II Cumbre Regional por la Defensa de la Amazonía. Comité del Agua




Declaración de Iquitos: Cumbre Regional por la Defensa de la Amazonía

Los ciudadanos y ciudadanas reunidos en la ciudad de Iquitos suscribimos la presente declaración luego de una reflexión intensa, crítica y propositiva respecto de los desafíos profundos de la defensa y la afirmación de la vida en la Amazonía, manifestamos nuestra voluntad para:

a.  Impulsar y enriquecer las experiencias y formas de vida alternativas al extractivismo, como las formas de vida comunitaria, las actividades basadas en el respeto de la diversidad biológica como eje del buen vivir, las prácticas culturales e interculturales diferentes de la mercantilización y de la dictadura de los ciclos compulsivos de consumir y producir propios del modelo hegemónico actual.
b.  Fortalecer las capacidades y la autonomía de los pueblos amazónicos para lograr el reconocimiento pleno y la defensa de su territorio.
c.   Apoyar los procesos de Ordenamiento Territorial participativos que establezcan con claridad los usos posibles y las limitaciones para la implementación de las actividades económicas y productivas en la Amazonía.
d.  Exigir el ejercicio del derecho a la consulta previa libre e informada de las políticas, normas, proyectos de inversión que puedan afectar a las poblaciones indígenas, garantizando las condiciones necesarias para su realización.
e.  Fortalecer la participación de la sociedad civil para la vigilancia ciudadana de las actividades extractivas, asegurando la participación de representantes de la región Loreto en todos los procesos de planificación del desarrollo. Exigir la remediación de los pasivos ambientales. Las experiencias de monitoreo ambiental independiente son fundamentales y su reconocimiento e institucionalización sin perder su autonomía se convierte en una tarea principal.
f.    Exigir la exclusión de la cuenca del río Nanay y de las cabeceras de cuencas de Loreto de cualquier proceso extractivo que pueda vulnerar la calidad de sus aguas y ambiente.
g.  Exigir que se garanticen y respeten las libertades ciudadanas de opinión, de organización autónoma y de movilización pacífica y democrática de todos los peruanos y peruanas. Exigimos poner fin a la política de criminalización de la justa protesta social.
h.  Impulsar procesos de sensibilización, comunicación y educación social y ambiental para compartir nuestro mensaje a los más amplios sectores del país.


En esta declaración expresamos nuestro sentir y pensar:

MOTIVADOS por la convicción de conservar la mega biodiversidad amazónica, que es riqueza de nuestros pueblos y de la humanidad entera.

PREOCUPADOS E INDIGNADOS por la persistencia y extensión de actividades que producen graves impactos negativos sobre los ecosistemas y los pueblos, como la industria petrolera, los megaproyectos hidroeléctricos, monocultivos, como la palma aceitera y otros que contaminan y usan de modo excluyente y privatizador el aire, la tierra, el agua y los bosques.

INDIGNADOS TAMBIÉN:

Cuando se pretende legitimar estas actividades mediante normas, procedimientos e instrumentos de gestión ambiental altamente cuestionables, como Estudios de Impacto Ambiental incompletos, parcializados y poco transparentes. 

Cuando observamos que los promotores del modelo actual extractivista y primario exportador, como las grandes empresas petroleras y mineras, realizan prácticas inaceptables de apropiación de espacios públicos y territorios de pueblos indígenas, y generan presión y divisionismo de las organizaciones sociales.

Cuando apreciamos que las comunidades y poblaciones padecen enfermedades provocadas por las malas prácticas de las empresas extractivas que actúan amparadas en una institucionalidad estatal débil y negligente, que además no reconocen en toda su amplitud el derecho de la población amazónica de decidir sobre las medidas que afectan su vida,

SOMOS CONSCIENTES que conservar la Amazonía nos exige superar el actual modelo de desarrollo entendido solo como crecimiento económico dependiente del extractivismo. Es inaceptable que el 45% del territorio nacional esté concesionado para actividades extractivas y el 50% del territorio de las comunidades de Loreto se encuentren en esta misma condición. El resultado de más de 40 años de impactos negativos causados por la actividad petrolera es la contaminación del ambiente y la enfermedad de miles de peruanos y peruanas.

CONSCIENTES y COMPROMETIDOS con la importancia de unir las fuerzas de diversos sectores y sujetos de las ciudades, del campo y de los pueblos indígenas para construir formas de vida alternativas amigables con nuestra madre tierra, profundamente interculturales y participativas, desplegando nuestra creatividad y recuperando los saberes y conocimientos de nuestros pueblos.

Afirmamos la vida, retomamos la unión amplia y fraterna, desde las bases de las organizaciones y movimientos sociales para el logro de nuestros objetivos trazados. Transformando estilos de participación social y política. Viviendo en cada organización y cada pueblo lo que planteamos para la Amazonía y el Perú.


Iquitos 04 de Junio del 2014

lunes, 10 de marzo de 2014

PRONUNCIAMIENTO. EXIGIMOS AL ESTADO Y AL EMPRESARIADO SE RESPETEN LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL



Comité del Agua hace suyo este pronunciamiento.



EXIGIMOS AL ESTADO Y AL EMPRESARIADO SE RESPETEN LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y NO SE MENOSCABEN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SU INSTITUCIONALIDAD ADUCIENDO LA NECESIDAD DE ATRAER INVERSIONES


Las organizaciones y personalidades de la sociedad civil abajo firmantes mostramos nuestra profunda preocupación por las declaraciones vertidas por el reciente Ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, realizadas el 06 de marzo de 2014 en la presentación del Libro Blanco de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, en donde se señaló que en el marco de los cambios al Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos que viene elaborando el Estado “se van a eliminar los estudios de impacto ambiental para la actividad sísmica”, lo cual ha sido ratificado por el Ministerio de Energía y Minas -MINEM en su Nota de Prensa 451-14 en donde se señala “que las exploraciones sísmicas en lotes petroleros podrán realizarse mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que “es un trámite más expeditivo y sencillo que un Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”.

En ese sentido, consideramos que lo señalado por el Estado significaría un grave retroceso al fortalecimiento y respeto del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), una vulneración a la Ley 27446 (art. 3) y al principio de indivisibilidad de la evaluación ambiental para toda la etapa de exploración de hidrocarburos (Rgto Ley SEIA art. 3, lit. a). El Estudio de Impacto Ambiental es una herramienta que busca identificar de manera anticipada los impactos ambientales y sociales, proponiendo medidas de mitigación en pro del respeto de los derechos constitucionales a la vida y salud de las poblaciones, así como al derecho a un medio ambiente adecuado que tenemos todos los peruanos.

Frente a lo indicado expresamos:

a)      Que el Estado peruano debe respetar, cumplir y asegurar los más altos estándares ambientales y sociales en los procesos de exploración y explotación de hidrocarburos. Los EIA deben ser fortalecidos y no eliminados. Una DIA no es suficiente para casos de exploración de proyectos de hidrocarburos, puesto que este instrumento no exige una línea de base ambiental y social, teniendo en cuenta además que el Estado no cuenta con estos estudios completos y actualizados; ni exige la valorización económica de los impactos ambientales que causará las actividades de exploración, ni necesariamente procesos de participación ciudadana.

b)      Que la necesidad de promover inversiones no significa el debilitamiento a los mecanismos creados para identificar y mitigar impactos ambientales y sociales de las actividades de hidrocarburos. Es necesario que se respete y fortalezca la institucionalidad del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), cuyo órgano rector es el Ministerio del Ambiente. Asimismo, es necesario asegurar la participación y opiniones técnicas vinculantes de órganos especializados como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, la Autoridad Nacional del Agua, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y el Ministerio de Cultura.

c)      Que el debilitamiento del marco normativo e institucionalidad ambiental, el consecuente debilitamiento de los procesos de gobernanza asociados no generará un clima favorable a las inversiones, más bien debilita al país y su calificación de “riesgo país”.

d)      Que siendo el Perú el país anfitrión de la COP-20, el país debe mostrar su compromiso por el fortalecimiento de los instrumentos de gestión ambiental. En ese sentido, la reducción de los estándares ambientales es una mala imagen para nuestro país que viene promoviendo alternativas y acuerdos para la lucha contra el cambio climático.

e)      Que el Estado, a través del MINEM y el MINAM deben iniciar espacios de diálogo, debate y consulta de instrumentos normativos como el Reglamento de Protección Ambiental para Actividades de Hidrocarburos, el cual hasta el momento no ha recibido aportes de los representantes de la sociedad civil, pueblos indígenas, academia, no obstante el anuncio público realizado de su próxima aprobación, lo que acarrearía el incumpliendo de los mandatos de participación ciudadana.

Por ello ante iniciativas que buscan debilitar la normatividad y estándares socio-ambientales, EXIGIMOS:

1.      Al Presidente de la República y su gabinete, que se asegure el respeto por el estado de derecho expuesto en nuestro marco normativo y el respeto por la institucionalidad ambiental y social del país.

2.      Al Congreso de la República, que a través de su potestad de control político promueva acciones de vigilancia.

3.      A la Defensoría del Pueblo, que tome acciones para asegurar el derecho fundamental de todo peruano a gozar de un ambiente sano y equilibrado.

4.      Al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio del Ambiente, que aseguren un correcto y coherente proceso de adecuación del reglamento ambiental del sector hidrocarburos a lo señalado por el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (ley y su reglamento), con un transparente proceso de participación ciudadana.

Sigue lista de Organizaciones no gubernamentales y redes... 

Acción por la Biodiversidad (ACBIO, argentina)
Agencia de Investigación Ambiental / Environmental Investigation Agency (EIA)
Asociación Arariwa
Asociación Civil Alianza Arkana
Asociación Nacional de Centros (ANC)
Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA)
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Asociación Proyecto Amigo
Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)
Asociación Solidaria para el Desarrollo COOPERACCIÓN
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)
Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)
Colectivo Tarpuy Mita
Colegio de Biólogos - Consejo Regional X Loreto
Comisión de Derechos Humanos de Ica (CODEHICA)
Comité de Defensa del Agua-Loreto
Comité Ejecutivo Nacional-Confederación Campesina del Perú (CEN-CCP)
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Federación Nacional de Trabajadores del Agua (FENTAP)
Foro Ciudades para la Vida
Forum Solidaridad Perú (FSP)
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
Instituto de Defensa Legal (IDL)
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)
Instituto Natura
Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (MOCCIC)
Oxfam America South America Regional Office
Paz y Esperanza
Programa Democracia y Transformación Global (PDTG)
Red Agua, Democracia y Desarrollo de Piura (REDAD)
Red de Propuestas y Acción Red Muqui
Red Muqui Norte
Red Peruana por una Globalización con Equidad (RED-GE)
Servicios en Educación Intercultural (SERVINDI)

martes, 4 de marzo de 2014

Comité del Defensa del agua apoya pronunciamiento de agrarios de Tamshiyacu



PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LAS 36 ASOCIACIONES AGRARIAS DEL DISTRITO FERNANDO LORES, TAMSHIYACU

¡EN DEFENSA DE LOS BOSQUES DE LA AMAZONIA!¡NO A LA VENTA DE NUESTROS TERRENOS, HERENCIA DE NUESTROS HIJOS!

Las Asociaciones Agrarias del distrito de Fernando Lores, en defensa de nuestros bosques y forma de vida, nos dirigimos ante el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Medio Ambiente, la oficina de Conflictos Socioambientales de la PCM, el Organismo Especializado en Fiscalización Ambiental, la Defensoría del Pueblo, el Vicariato Apostólico de Iquitos y todas las instituciones que tienen responsabilidad respecto a el delito ambientalque se comete enTamshiyacu, distrito de Fernando Lores:

-Sindicamos el proyecto agroindustrial de la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C. porque las actividades de sus trabajadores incluyen la invasión en terrenos de labranza de nuestros agricultores, la depredación de árboles maderables y de productos de panllevar, el hostigamiento verbal y las amenazas contra la integridad física de nuestros campesinos. Estos abusos se cometen contra los campesinos propietarios de terreno con título, los posesionarios que cuentan con constancia de posesión y los precarios o poseedores de facto que tienen sólo su labranza. Asimismo, este proyecto trae como consecuencia la pérdida del cinturón agrícola que tiene el distrito de Tamshiyacu dejando únicamente terrenos de bajial estacionalmente improductivos para nuestros agricultores. Dichas iniquidades se han facilitado por la indiferencia del Alcalde, Stevenson Pizango Arévalo, quien no alertó sobre las consecuencias sociales y ambientales que generaría el proyecto de la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C. a los pobladores de Tamshiyacu,y por la actitud culposa de José Cachay, director de DISAFILPA (Dirección de Saneamiento Físico Legal y de la Propiedad Agraria), quien deniega arbitrariamente la solicitud de los campesinos de rectificación de medidas en sus terrenos y el otorgamiento de constancia de posesión.  Manifestamos nuestro rechazo a la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C. por las afectaciones negativas que genera a nuestro derecho constitucional de la propiedad y al derecho a un trabajo digno.

-Rechazamos el proyecto agroindustrial de la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C. porque amparándose en la modalidad de compra de predios titulados, ha deforestado 2,150 ha.y asimismo, sus propietarios, Rubén Antonio Espinoza y Dennis Melka, bajo la modalidad de solicitud de adjudicación de terrenos a título oneroso, tienen en proyecto la deforestación de cuarenta mil hectáreas de bosque primario que son parte de la jurisdicción del distrito Fernando Lores. Este delito ambiental se realizaría bajo la complicidad del Ing. Manuel Iglesias, director de la Dirección Regional Agraria, quien apoyando a las empresas de los mismos propietarios de Cacao del Perú Norte S.A.C., Rubén Antonio Espinoza y Dennis Melka, acelera el otorgamiento de las solicitudes de adjudicación de terreno. Igualmente, denunciamos la actitud dolosa del Ministerio de Agricultura quien bajo la Dirección General de Asuntos Ambientales y su dependencia, la Dirección de Gestión Ambiental Agraria, gestionada por Fernando Alvarado Pereda, ha emitido informes contradictorios que favorecen a la empresa.

-Denunciamos el proyecto agroindustrial de la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C. por incumplimiento a las disposiciones de la medida fiscal pues pese a la paralización de las actividades de la empresa por parte del Fiscal Ambiental Jonnhy Ríos Arce el 12 de Octubre de 2013, fecha en la cual la deforestación sumaba 2.011 ha., hasta el día de hoy se han derribado 2.150ha. demostrando fehacientemente que la empresa ha violado las medidas restrictivas fiscales deforestando 139 ha.de manera ilegal.Asimismo, alertamos ante la autoridad competente que cada uno de los predios rústicos comprados y deforestados por la empresa tiene la obligatoriedad de reservar un 30% para conservación, lo cual no se ha previsto como consta en las imágenes satelitales del terreno afectado que han sido difundidas por la prensa local de Iquitos. Igualmente, desmentimos categóricamente la versión ofrecida por el Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre respecto a la categoría de bosque en pie –bosque secundario- que se encontraba en los terrenos deforestados pues éstos, a pesar de haber sido adjudicados para fines agropecuarios en el año 1997, casi en su totalidad correspondían a terrenos de bosque primario ya que sus propietarios en su mayoría eran profesionales ycomerciantes que no se dedicaban a las labores agrícolas.
Por último, cuestionamos la forma de catastro o zonificación que ha sido utilizada para señalar que las cuarenta mil hectáreas de bosques solicitadas en adjudicación por diferentes empresas de propiedad de Dennis Melka y Rubén Antonio Espinoza tienen aptitud agrícola y no forestal. En este sentido, impugnamos la validez del instrumento que se está utilizando para adjudicar terrenos para proyectos agroindustriales porque de acuerdo con el peritaje forestal, estos terrenos son bosque primario y su destrucción traería consecuencias irreversibles a la fauna y flora local.

Tamshiyacu, 03 de Marzo de 2014

¡NO A LA VENTA DE NUESTROS TERRENOS, HERENCIA DE NUESTROS HIJOS!