Quienes suscribimos este
manifiesto, habitantes de la Amazonía peruana, preocupados por la crisis
ambiental que nos afecta, expresamos lo siguiente:
1. Denunciamos el nulo respeto del Estado por el
ambiente, por los pueblos indígenas y demás habitantes de la Amazonía demostrado
al aprobar la ley 30230, ya que, con el pretexto de dinamizar la inversión
privada, debilita los estándares y la
institucionalidad ambiental afectando el derecho de las personas a vivir en un
ambiente de calidad que asegure nuestra sobrevivencia y bienestar.
2. Denunciamos la poca vergüenza puesta de
manifiesto por el Gobierno al promulgar tales medidas justamente cuando el país
es anfitrión de la COP20, lo cual muestra su falta de compromiso y doble discurso con relación a los temas que
se tratarán en ese evento, como son el cambio climático y la contaminación
ambiental.
3.
Rechazamos que, con argumentos falaces, se
presente a las industrias extractivas como única manera de lograr el progreso
del Perú. Esta mentira es puesta de manifiesto en la información de organismos
como el Instituto Nacional de
Estadísticas e Informática y el Programa
de las Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros, que deja
muy en claro que las zonas más
antiguas de actividad minera y petrolera son las más pobres del país.
4. Rechazamos la complicidad del Estado y de
algunos gobiernos regionales en la creciente deforestación de la Amazonía,
incluyendo bosques primarios, realizada por empresas agroindustriales para implantar
monocultivos de palma aceitera. Esta destrucción de los bosques amazónicos
afecta la conservación de la biodiversidad y agrava la dramática inseguridad
alimentaria, convirtiendo a nuestra enorme Amazonía en uno de los mayores
emisores de gases de efecto invernadero en el planeta, como consecuencia de la descomposición de la
materia orgánica.
5.
Condenamos la inoperancia del Estado en asumir su
responsabilidad en la satisfacción del derecho de todas las personas a una vida
digna y en solucionar los grandes problemas del país, haciendo que las empresas
extractivas se conviertan en instituciones asistencialistas manipulando a la población.
6.
Rechazamos la negativa del Gobierno a cumplir
con su promesa de llevar a cabo el Ordenamiento
Territorial, que es el instrumento fundamental para el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, ya que es la única manera de establecer, con
toda claridad, en qué lugares se pueden realizar determinadas actividades y dónde
no se deben llevar a cabo.
Por lo expuesto:
1.
Exigimos el cambio del modelo económico por uno
sostenible y que el Estado asuma el rol de garantizar la sostenibilidad del
progreso humano, respetando la pluralidad cultural de la Nación.
2.
Demandamos al Gobierno que cumpla con el
artículo primero de nuestra Constitución
que señala que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin
supremo de la sociedad y del Estado”. Las personas de hoy y las que
vendrán después solamente podremos tener una vida digna si nos
desenvolvemos en un ambiente sano y
equilibrado.
3.
Exigimos con firmeza que en la cuenca del Nanay
se excluya toda actividad de gran impacto, como extracción petrolera, minería
aurífera y monocultivos, ya que está de por medio su fragilidad ecológica, su
importancia ambiental y económica, así como su calidad de fuente de agua de más
de medio millón de habitantes de la ciudad de Iquitos.
4.
Exigimos el endurecimiento de las leyes que
regulan las alteraciones ambientales, para que las entidades responsables sean
obligadas a reparar inmediatamente los daños ocasionados.
Convocamos a todas
las personas, así como a las organizaciones de la sociedad y a las
instituciones a EXPRESAR NUESTRA
PROTESTA en la “MARCHA POR LA
DEFENSA DEL AMBIENTE AMAZÓNICO”, que se iniciará en la Plaza 28 de Julio a las 3 de la tarde del MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE.
